Abogado Parejas de Hecho - ABOGADO MATRIMONIALISTA PALOMINO BUENO

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Abogado Parejas de Hecho

Las uniones o parejas de hecho son una realidad cada vez más numerosa aun a pesar de que el legislador siga adoptando la política del silencio frente a su existencia, pretendiendo con ello seguir primando y favoreciendo a la institución del matrimonio frente a la unión de hecho.

Muchos jóvenes y adultos deciden cada vez más optan por unirse sin más ritual que el derivado de la propia convivencia. Si consideramos a la pareja de hecho como aquella relación afectiva entre dos personas, que conviven con cierta permanencia sin ningún tipo de formalidad y a ello le sumamos el desarrollo de un modelo de familia parecido al matrimonial, obtenemos un híbrido entre el matrimonio, regulado en todos sus aspectos, y el noviazgo que carece de trascendencia jurídica. Los problemas surgen cuando queremos otorgar eficacia a ciertos actos pero al mismo tiempo los suscribimos sin la previa sumisión al ordenamiento jurídico. Y digo el problema porque el conflicto surgirá tarde o temprano cuando, como viene siendo habitual, los miembros de una pareja de hecho hayan adquirido una vivienda en régimen de pro indiviso y uno de ellos decida venderla y otro no, o bien cuando uno de sus miembros se dedique a las tareas del hogar y el otro exclusivamente al trabajo fuera del mismo y un largo etcétera.

Nuestra constitución en su artículo 32 establece el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio
, regulando los derechos y deberes de los ciudadanos y protegiendo el Estado a la familia, a los hijos ya sean estos fruto de una relación matrimonial o extramatrimonial, a las madres con independencia de si están o no casadas e incluso permitiendo la libre investigación de la paternidad.

Sin embargo la constitución se pronuncia con la suficiente claridad en cuanto al tipo de familia teniendo en cuenta su origen, si lo es por matrimonio o bien derivado de una unión paraconyugal. A la vista de ello podemos concluir que la constitución en momento alguno prohíbe o desfavorece las uniones fraguadas al margen del matrimonio aunque sí podemos intuir que no otorga los mismos derechos y deberes propios del matrimonio, con la salvedad de los hijos a quienes favorece de modo especial y privilegiado con independencia de que su filiación sea o no matrimonial.

La diferencia existente entre el matrimonio y la unión de hecho no ha de significar discriminación alguna ni ser contraria al principio de igualdad jurídica por cuanto quienes no deseen contraer matrimonio no deben aspirar a tener igual situación que las uniones de casados.

De todos es sabido que cuando dos personas deciden contraer matrimonio adquieren toda una serie de derechos y obligaciones reconocidos por diferentes normas: derecho a percibir alimentos, pensión compensatoria, herencia en casos de sucesión intestada, etc. Sin embargo cuando hablamos de uniones de hecho no existen ni los derechos ni los deberes antes aludidos. Hoy en día con la creación de los registros de uniones de hecho puede comprobarse la estabilidad de la unión por cuanto a su duración temporal se refiere (en 1994 se creó el primero en Vitoria), siendo sus efectos en realidad muy limitados. Otra fórmula es la de acudir al Notario con la previa redacción de las cláusulas que habrán de regir la relación de pareja (titularidad de bienes, alimentos, consecuencias de la ruptura, etc).

Ahora bien, legalmente no existe el deber ni el derecho de prestación de ayuda mutua entre los miembros de la pareja y más difícil será exigir el pago de una pensión. La jurisprudencia de nuestros tribunales se ha pronunciado en reiteradas ocasiones manifestando su oposición a la asimilación analógica del régimen jurídico del matrimonio y de las uniones de hecho con independencia del origen sexual, siendo excepcional la asimilación que en algunas ocasiones sí se realiza. Así, recientemente se han otorgado por los tribunales indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios de uno hacia el otro miembro de la pareja bajo el auspicio del lucro cesante provocado en uno de los miembros de la pareja y el consiguiente enriquecimiento injusto del otro. Más dificultades presentan los supuestos de fallecimiento de un integrante de la pareja de hecho por cuanto la ley lo va a considerar como un extraño en el caso de fallecimiento sin otorgar testamento el causante.

Hoy en día no encontramos legislación alguna a nivel estatal que acoja a las uniones de hecho, no existe una ley sobre parejas de hecho si bien es cierto que se trata de una realidad cada vez más integrada en nuestra sociedad. Por el contrario sí que vemos que este tipo de uniones vienen siendo tenidas en cuenta cada vez más en diferentes legislaciones sobre otros aspectos. Así, por ejemplo la Ley sobre adopción reconoce este derecho a parejas que estén unidas por vínculos de análoga afectividad conyugal
, con el requisito de tratarse de una pareja heterosexual.

Igualmente la Ley de Arrendamientos Urbanos viene a reconocer al compañero o compañera el derecho de subrogación en el alquiler de la vivienda cuando el otro cónyuge fallece, incluso tratándose en este supuesto de parejas homosexuales. El Tribunal Supremo, en diferentes sentencias ha reconocido el derecho a la pensión de viudedad hacia personas no casadas.
En la actualidad ya hay diferentes Comunidades Autónomas que sí han dictado leyes dentro del ámbito de sus competencias. Tal es el caso de Cataluña en dónde se aprobó por su Parlamento en 1.998 la primera ley de uniones de hecho (Ley 10/1998) de España acogiendo tanto a parejas heterosexuales como homosexuales. En Aragón (Ley 6/1999) se exige el que las personas que decidan inscribirse sean mayores de edad no aludiendo a ningún requisito especial en cuanto al sexo de los solicitantes. En el año 2.000 se aprobó la Ley de Parejas de Navarra (Ley 6/2000) con la peculiaridad respecto de sus predecesoras de admitir expresamente el derecho de adopción tanto en uniones hetero u homosexuales. En abril del año 2.001 entró en vigor la ley de parejas de hecho valenciana (Ley 1/2001) y a finales del mismo año la de la Comunidad de Madrid (Ley 11/2001) y la de las Islas Baleares (Ley 18/2001).En mayo de 2.002 le tocó su aprobación al Principado de Asturias (Ley 4/2002)y a principios de 2.003 a la Comunidad de Andalucía (Ley 5/2002).

Todas estas leyes extienden su ámbito de aplicación al territorio autonómico y aunque todas tengan un título parecido sin embargo definen de manera diferente lo que ha de entenderse por una unión de hecho tildándose en unas ocasiones como uniones de parejas estables y en otras como parejas estables o uniones de hecho.

Es difícil averiguar cual será el camino que tome el legislador nacional por cuanto de momento ha dejado el camino libre al autonómico en cuanto a la asunción de competencias. Tratar de manera igualitaria la familia formal y la informal requiere de una profunda modificación del Derecho de Familia común y foral.

©Ángel Palomino
Abogado





 
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